Los trabajadores que las entidades locales contraten al amparo de esta línea de ayudas deberán ser personas desempleadas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Mientras, la actividad que realicen en sus puestos de trabajo deberá estar orientada a la realización de obras y servicios de interés general y/o social dentro de las competencias de las entidades beneficiarias.
Las actuaciones a llevar a cabo podrán estar relacionadas con proyectos medioambientales, proyectos de mejora y conservación de espacios públicos y áreas recreativas, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, actuaciones relacionadas con la cultural local y los servicios de promoción turística, entre otros.
De este modo, este programa de activación para el empleo cumple un triple objetivo. Por un lado, los trabajos a ejecutar permitirán mejorar los servicios que las entidades locales beneficiarias ofrecen a sus vecinos; por otro, contribuye a incentivar la actividad económica, especialmente en el medio rural, al que pertenecen la mayoría de los municipios. Finalmente, se facilita el derecho de las personas con discapacidad al desarrollo de una actividad profesional en condiciones de igualdad, fomentando la integración en el mercado laboral de uno de los colectivos con dificultades de inserción laboral.
Las ayudas que recibirán las 1.015 entidades locales y que totalizan 6.633.330 euros van destinadas a cubrir los costes salariales y de seguridad social de los trabajadores contratados. En este sentido, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) aporta 6.602 euros por cada contrato de 90 días y a jornada completa. No obstante, también podrán distribuirse la subvención por trabajador para financiar dos contratos a media jornada.
La Junta de Castilla y León ha resuelto de forma favorable la totalidad de las solicitudes presentadas por las entidades locales que cumplen con los requisitos.
