Después de un año en el que la comunidad educativa ha tenido que hacer un esfuerzo sin precedentes para adaptarse a la realidad marcada por el confinamiento y las restricciones, hoy más que nunca es preciso valorar la aplicación de la innovación en la educación, no solo con la incorporación de las nuevas tecnologías sino también con metodologías más participativas, pero que se basan en otras formas de aprendizaje, sin perder de vista que la educación es la piedra angular de sociedades pacíficas, justas, igualitarias e inclusivas. Esta línea de premios se centra en el respeto a los derechos de todos los individuos, se encuentren donde se encuentren, y en la coherencia con un enfoque global que nos conecta como humanidad. En este contexto multicrisis se hace imprescindible impulsar un discurso de derechos y deberes basado en la dignidad de todas las personas a nivel mundial.
Sobre el detalle de esta convocatoria, cabe especificar que la cuantía total que se fija asciende a 30.000 euros, que se distribuirán del siguiente modo: si el proyecto incluye actividades que se implementen en más de un nivel educativo, cuatro mil euros se asignarán 4.000 euros por proyecto; y si se incluyen actividades que se desarrollen únicamente en un nivel educativo, la cuantía máxima por proyecto será 2.500 euros.
Desde la Dirección General de Acción Exterior, centro directivo promotor de esta convocatoria, se entiende la educación como una poderosa herramienta de cambio que puede transformar las estructuras sociales, aumentar las capacidades personales y contribuir a la formación una ciudadanía responsable. De la crisis que nos asola sólo podemos salir si lo hacemos cooperando; si algo nos ha mostrado esta crisis es la interdependencia de todas las personas del planeta.
Esta línea de trabajo es una gran oportunidad para continuar e impulsar el trabajo de sensibilización, concienciación, desarrollo del espíritu crítico, y fomento de la participación activa del alumnado en la consecución de una ciudadanía global, solidaria, comprometida con la erradicación de la pobreza y las desigualdades, impulsando el desarrollo humano sostenible y la justicia social.
Las iniciativas llevadas a cabo en los centros educativos en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos proporcionan a nuestros niños y jóvenes las herramientas y las bases para transformar las sociedades en más sostenibles y más justas. Para conseguir un desarrollo sostenible para todos es necesario una ciudadanía activa, participativa y conocedora de sus derechos, fomentando actitudes y conductas basadas en el respeto de las personas, la no discriminación, la igualdad y la responsabilidad, y sin duda los centros educativos juegan un papel crucial en este proceso para desarrollar una mirada crítica, constructiva, proponer estilos de vida sostenibles, impulsar la transformación personal y social con los alumnos.
La COVID-19 ha puesto de manifiesto que todos debemos contribuir a los desafíos mundiales y apoyar a los territorios más desfavorecidos, reforzando un acceso universal y de calidad a los servicios públicos, tan necesarios en el camino de alcanzar el objetivo último de salir conjuntamente de esta crisis mundial. La Junta de Castilla y León quiere así impulsar este tipo de proyectos que involucran a toda la comunidad educativa, profesorado, alumnado, padres y madres y que son la base de la Red de Docentes y Centros por el Desarrollo y la Ciudadanía Global, comprometidos con un mundo más justo.
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