“No entendemos posible ni razonable mantener la limitación horaria -de las 22.00 horas- si no hay toque de queda, porque esas reuniones se trasladarían al interior de los domicilios, sin medidas de seguridad”, ha explicado el vicepresidente, Francisco Igea.
La hora se ampliará a la una de la madrugada cuando se llegue al nivel 2 de alerta y en horario normal cuando se alcance el 1. Las medidas que se mantienen “básicamente” son las que establece el semáforo del Ministerio de Sanidad, con el cierre del interior de la hostelería cuando los casos por cada 100.000 habitantes no bajan de 150.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer que el próximo domingo día 9, cuando está previsto que concluya el estado de alarma en todo el territorio nacional, decaerá también el actual toque de queda y el cierre perimetral que rigen en la Comunidad.
Fernández Mañueco afirmó en Ávila, donde se encontraba presentando el proyecto de la unidad satélite de radioterapia del Hospital, que con esta decisión, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, deja a las autonomías toda la responsabilidad frente a la pandemia. “Ha abandonado a las comunidades autónomas sin ningún tipo de apoyo legislativo y sin ningún instrumento jurídico nuevo”, ha asegurado el presidente, quien ha vuelto a reclamar una legislación intermedia entre el actual estado de alarma y la normativa sanitaria existente.
No obstante, Fernández Mañueco ha destacado que Castilla y León avanza a buen ritmo con las vacunas pero que, mientras tanto, es esencial continuar aplicando la prudencia individual y colectiva.
Además, el presidente de la Junta ha subrayado que frente a la gestión del Gobierno central, Castilla y León cuenta con un gobierno estable para los dos próximos años que ofrece confianza a todos los sectores sociales, ayudas económicas a los más afectados por la crisis económica provocada por la pandemia, y una política fiscal moderada.
En este sentido, Fernández Mañueco ha avanzado que la Junta de Castilla y León prepara un nuevo paquete de ayudas para las empresas de la Comunidad dotado con 200 millones de euros, la mayor parte de ellos procedentes de la partida del IVA que el Estado adeuda a la Comunidad y para la que ha vuelto a reclamar su pronto pago.
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