“Es sabido que una de las prioridades de esta Concejalía es el blindaje de los derechos de la infancia. Con esta medida no sólo se consigue impedir que ningún niño o niña se vea privado de su derecho a la educación temprana por motivos económicos sino que, con la gratuidad que también se pone en marcha del servicio de comedor para las familias con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, se garantiza una comida completa diaria a todos menores también durante el curso” ha declarado la portavoz de Podemos.
Si bien la concejala ya había implantado en Ponferrada un programa socio-educativo durante los períodos no lectivos que se viene haciendo cargo de las necesidades de alimentación de los niños y niñas durante las vacaciones de verano y Navidad, con esta medida se garantizan las necesidades de alimentación durante los 365 días del año.
Para Lorena González esto supone “un paso de gigante en materia de protección social” y “ahonda profundamente en el carácter compensador de la escuela pública”. La Concejala de Bienestar Social defendió esta medida durante el pleno de los
presupuestos municipales reconociendo “que le hubiese gustado llegar más lejos en materia social” y afeando al partido socialista no haber permitido una apuesta más fuerte por las políticas ante el estado de emergencia social existente.
La también portavoz de Podemos recordó que, durante el pasado año, el volumen de personas que necesitaron acudir a los servicios sociales se triplicó, el número de menores atendidos a través del servicio de ayuda a la alimentación se multiplicó por 10 y, según sus propias palabras “en 2021 no sólo vamos a tener que hacer frente a las necesidades sociales arrastradas de 2020 sino a las que desgraciadamente se incorporarán”
Preguntada por su intención de municipalizar las escuelas de educación infantil, González se ha reiterado en su voluntad de que la gestión 100% pública de las mismas se haga realidad a mediados del próximo año. “Este contrato puente nos ha permitido recuperar parte de la gestión. Ahora sólo es cuestión de encontrar la forma de subrogar a los trabajadores y trabajadoras como se ha hecho con otros servicios y daríamos por completado este compromiso con la ciudadanía y con la buena gestión de los fondos públicos”.
La tabla de precios ha sido definida en base a la rentas per cápita de la unidad familiar de tal modo que las familias más vulnerables que no lleguen ingresar mensualmente, al menos, lo equivalente al SMI no tendrán que pagar nada por matricular a sus hijos y, para las familias que lo superen, se establece una oferta progresiva en su cuantía en función de la renta que va desde los 10€ al mes para los tramos más bajos hasta los 218€ para las rentas más altas del municipio.
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