El apoyo a las personas con discapacidad es una prioridad para la Junta de Castilla y León, tanto en clave de atención como en clave de derechos. Así lo ha recordado hoy la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante su visita a las instalaciones que ‘Salud Mental León’ tiene en la capital, y ha subrayado que esta asociación es un referente en la atención y apoyo a las casi 5.300 personas con discapacidad por enfermedad mental y sus familias que hay en la provincia leonesa, buscando siempre la normalización de sus vidas, apoyándoles en la consecución de una vida independiente, en la obtención de un empleo y promoviendo su inclusión; incrementando, en definitiva, su calidad de vida y bienestar social.
La Junta de Castilla y León comparte estos objetivos con la entidad, lo que se traduce en una estrecha colaboración, como demuestra el hecho de que, en 2022, la financiación del Gobierno autonómico a ‘Salud Mental León’ ascendió a más de 2,2 millones de euros, destinados al funcionamiento de la residencia y el centro ocupacional y laboral ‘La Senda’ de la capital leonesa y otro centro de este tipo en Ponferrada, así como al desarrollo del programa de itinerarios personalizados de empleo –que cuenta con 66 usuarios, de los que 19, el 30 %, fueron contratados–, y de las medidas complementarias a estos itinerarios –como son las viviendas con asistente personal, con cuatro usuarios y dos viviendas–.
La consejera de Familia, acompañada por representantes de la entidad leonesa y por usuarios, ha realizado una visita a la residencia que posee en la capital y para cuya construcción la Junta de Castilla y León aportó el 70 % de la inversión total –casi 2,5 millones de euros–.
Los anfitriones han sido los encargados de enseñar a Isabel Blanco el centro, integrado por cuatro unidades de convivencia, con 44 plazas, y que proporciona alojamiento y manutención, así como atención las 24 horas del día a las necesidades cotidianas, fomentando siempre la autonomía personal, mediante el acompañamiento y apoyo en las actividades de la vida diaria. Se trata, además, de un centro inclusivo, ya que todos los servicios auxiliares –excepto el de cocina– son llevados a cabo por personas del propio centro especial de empleo ‘La Senda’, que ofrece así salidas laborales a las personas con discapacidad por enfermedad mental que son plenamente capaces de desempeñar un trabajo.
A continuación, Isabel Blanco se ha trasladado al centro ocupacional y laboral ‘La Senda’ para conocer de primera mano su labor. Las instalaciones han sido reformadas recientemente a través de una subvención de 256.500 euros procedente del 0,7 % del IRPF del periodo 2018-2021. Cuenta con 80 plazas destinadas a potenciar al máximo las capacidades de sus usuarios, a través de programas de apoyo psicosocial y laboral, que les capacitan para su integración social.
Compromiso de la Junta de Castilla y León con las personas con discapacidad
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado la subida de más del 10 % en la prestación vinculada al servicio, que es la que reciben las personas dependientes para pagar la residencia en la que viven. En concreto, las cuantías máximas se incrementan un 10,5 % de media. De esta manera, la prestación máxima de una persona con grado III alcanza los 1.065 euros, frente a los 715 euros que establece el Estado.
Esta subida va a llegar a más de 52.000 beneficiarios de la prestación vinculada y de asistencia personal y conlleva un incremento del gasto de 17,2 millones de euros. En concreto, en 2022, el Gobierno autonómico destinó más de 146 millones de euros en prestaciones vinculadas a servicios y asistente personal. Este compromiso de la Junta con las personas con discapacidad se concreta en los presupuestos para 2023 con casi 192 millones de euros a su atención, con un incremento del 11 %, lo que supone 19 millones más, de los que 9,4 se destinarán a fomentar su empleo y formación.
También a través de la futura Ley de Apoyos al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad en Castilla y León, que se está tramitando con la previsión de aprobarse próximamente. Una ley novedosa y pionera, que asume como objetivo prioritario garantizar que estas personas vayan a estar atendidas a lo largo de su vida, según sus propios proyectos vitales y de forma adaptada a las distintas circunstancias que vayan surgiendo.
En el caso de las personas con discapacidad por enfermedad mental, este apoyo se concreta, a su vez, en un nuevo modelo integrado de atención sociosanitaria que se está desarrollando y que en 2021 benefició a 4.445 personas.
Se trata de un modelo coordinado con el sistema sanitario, dirigido a ofrecer los apoyos que necesite cada persona para llevar a cabo sus propios proyectos de vida y lograr la plena normalización e integración de las personas con discapacidad por enfermedad mental, fundamentalmente a través del empleo. Además, presta una atención centrada en la persona, pone el énfasis en sus potencialidades en vez de en las limitaciones y la enfermedad, y piensa en lo que las personas pueden y quieren ser, respetando sus preferencias y deseos.
También ofrece los apoyos necesarios y acompaña en las distintas etapas de la vida para que puedan llevar a cabo sus propios proyectos vitales y conseguir que alcancen las mayores cotas de independencia, formación e integración social y laboral.
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