La Junta de Castilla y León amplía hasta el 30 de enero el plazo para solicitar las ayudas al alquiler 2025

foto: Thirdman

La Junta de Castilla y León mantendrá abierto hasta el 30 de enero el plazo para solicitar las ayudas al alquiler correspondientes al ejercicio 2025, una convocatoria dotada con un presupuesto inicial de 27,5 millones de euros –ocho millones más que en 2024– y ampliable hasta 59,5 millones para garantizar que todas las personas que cumplan los requisitos puedan acceder a esta línea de apoyo.

La convocatoria, gestionada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, está dirigida a personas y unidades de convivencia con ingresos limitados que residan en viviendas en régimen de alquiler o cesión de uso en la Comunidad. Se presta especial atención a jóvenes de hasta 35 años y a personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

Cuantías y condiciones preferentes

Las ayudas cubren, en general, hasta el 50% de la renta mensual del alquiler. Este porcentaje se incrementa al 60% para jóvenes menores de 35 años y alcanza el 75% tanto para jóvenes que residen en medio rural como para aquellos que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad.

Los límites de ingresos para acceder a las subvenciones oscilan entre 0,5 y 3 veces el IPREM, pudiendo ampliarse hasta 5 veces el IPREM en casos de familias numerosas o personas con discapacidad.

Cobertura creciente en los últimos años

La Junta ha reforzado progresivamente esta línea de ayudas. Entre 2022 y 2024 se beneficiaron más de 53.700 personas, y en la última convocatoria resuelta (2025) se apoyó a más de 20.000 familias. Para el presente ejercicio se prevé alcanzar en torno a 23.500 beneficiarios, con una ayuda media de 2.500 euros. Desde 2015, estas subvenciones han llegado a más de 131.000 familias en Castilla y León.

Tramitación simplificada

Las solicitudes podrán presentarse preferentemente por vía telemática a través de la sede electrónica de la Junta, aunque también se admite la presentación presencial en registros administrativos. La documentación requerida se limita al contrato de arrendamiento y los justificantes bancarios del pago del alquiler, permitiéndose la consulta telemática del resto de datos por parte de la Administración. Gracias a la última reforma normativa, los ciudadanos no tendrán que realizar trámites adicionales una vez presentada la solicitud inicial.

El consejero del ramo ha animado a todas las personas que cumplan los requisitos a formalizar su petición antes del 30 de enero, recordando que esta ayuda constituye un instrumento clave para facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en alquiler, especialmente en un contexto de precios altos y necesidades sociales acuciantes.