El presupuesto de la Diputación de León para el presente ejercicio 2021, que este jueves quedaba inicialmente aprobado en pleno sin oposición, confirma el “firme y decidido” apoyo de la institución provincial a los ayuntamientos y juntas vecinales de la provincia de León, tal y como exponía el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, al cifrar en 44,2 millones las transferencias corrientes y de capital previstas “para generar servicios e inversiones” en los mismos.
Estos dos capítulos suponen más del 30% del presupuesto, que asciende a cerca de 143,7 millones de euros, es decir, tres de cada diez euros del presupuesto irán destinados directamente a las arcas de los ayuntamientos y juntas vecinales de la provincia y redundarán una mejor prestación de servicios y en inversiones en los pueblos de León. En concreto, las transferencias corrientes, que contemplan la financiación de actuaciones como el programa de autoempleo de jóvenes emprendedores o ayudas en servicios sociales, entre otras, pasan de los 16,7 millones del presupuesto anterior a 18 millones en 2021, un 7,90% más. Por su parte, las transferencias de capital, que integran gastos entre los que destacan por su cuantía el Plan Provincial de Cooperación Municipal, el Plan de Juntas Vecinales o las ayudas a la rehabilitación de viviendas para alquiler social, experimentan una subida del 2,28% al pasar de 25,7 millones a 26,2 millones de euros. De hecho, el citado Plan Provincial de Cooperación Municipal ha visto incrementada su partida en 2,5 millones de euros hasta alcanzar los 21 millones previstos en las cuentas para este año.
Compras y contrataciones con empresas y autónomos
El gasto que la institución prevé realizar en la compra de bienes y contratación de servicios a empresas, profesionales y autónomos de la provincia de León en su gran mayoría también se ve incrementado y pasa de los 32,8 millones que se habían consignado en 2020 a los 35 millones de este ejercicio. Un 6,73% más que responde, entre otros motivos, al esfuerzo realizado desde la Diputación por reducir al máximo la lista de espera de la ayuda a domicilio y a los gastos derivados de la situación sanitaria derivada del COVID, que ha obligado a implementar sistemas de protección y desinfección en todos los centros de trabajo de la institución provincial.
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